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Libertad de expresión en la relación laboral: qué pueden decir los trabajadores y cuáles son los límites

¿Qué pue­den decir púb­li­ca­men­te los tra­ba­ja­do­res sob­re su empre­sa? Una sen­ten­cia reci­en­te pone de mani­fies­to los lími­tes de la libert­ad de expre­sión en el ámbi­to laboral. 
Libertad de expresión en la relación laboral: qué pueden decir los trabajadores y cuáles son los límites

Libertad de expresión en la relación laboral: qué pueden decir los trabajadores y cuáles son los límites

Un emp­lea­do de DHL cri­ticó púb­li­ca­men­te a su empre­sa por rea­li­zar trans­por­tes de mate­ri­al béli­co por encar­go de Rhein­me­tall. La reac­ción de la empre­sa fue un despi­do inme­dia­to por una supues­ta vio­la­ción de secre­tos comer­cia­les. Sin embar­go, el Tri­bu­nal Laboral de Leip­zig dic­ta­minó que el despi­do era ile­gal. La rela­ción con el cli­ente era de domi­nio púb­li­co des­de hacía tiem­po, el emp­lea­do no había afir­ma­do hechos fal­sos y, por lo tan­to, con­ser­vó su pues­to de tra­ba­jo con toda la razón.

Este caso pone de mani­fies­to lo com­ple­jo que es el tema de la libert­ad de expre­sión en las rela­cio­nes labora­les, y ello para ambas partes.

Protección fundamental en virtud de la Constitución

El artí­cu­lo 5 de la Ley Fun­da­men­tal pro­te­ge la libert­ad de expre­sión. Esta pro­tección se apli­ca tam­bién en el ámbi­to laboral. El Tri­bu­nal Fede­ral de Tra­ba­jo ya dejó cla­ro en 2005 que, en prin­ci­pio, los tra­ba­ja­do­res pue­den expre­sar libre­men­te su opi­nión, inde­pen­di­en­te­men­te de si la declar­a­ción es racio­nal o emo­cio­nal (BAG, sen­ten­cia de 24 de noviembre de 2005, ref. 2 AZR 584/04). Por cier­to, el empre­sa­rio tam­bién se bene­fi­cia de esta pro­tección: no toda expre­sión crí­ti­ca del jefe hacia los emp­lea­dos con­sti­tuye automá­ti­ca­men­te una vul­nera­ción de los derechos de la per­so­nal­idad o aco­so laboral.

¿Dónde terminan los derechos de los trabajadores?

La libert­ad de expre­sión no es un pase lib­re para cual­quier tipo de mani­festa­ción. Exis­ten lími­tes claros:

  • Afir­macio­nes fal­sas sob­re hechosqued­an exclui­dos de ante­ma­no del ámbi­to de pro­tección de la libert­ad de expresión.
  • Insul­tos, crí­ti­cas difa­ma­to­ri­as y ofen­sas for­ma­lesLas accio­nes diri­gi­das con­tra supe­rio­res o com­pa­ñe­ros de tra­ba­jo no están ampa­ra­das por el artí­cu­lo 5 de la Ley Fundamental.
  • Crí­ti­ca púb­li­ca, que per­ju­di­que la reput­a­ción de la empre­sa o difun­da rumo­res sob­re la sol­ven­cia del emp­lea­dor, pue­de acar­rear con­se­cuen­ci­as en mate­ria de der­echo laboral.
  • Comen­ta­ri­os en las redes socia­lesSe con­side­ran púb­li­cas, aun­que solo un gru­po redu­ci­do de per­so­nas pueda ver las publi­ca­cio­nes. Siemp­re exis­te el ries­go de que se difun­dan de for­ma incontrolada.

Crítica interna frente a declaraciones públicas

Que una expre­sión de opi­nión sea admi­si­ble depen­de, ent­re otras cosas, de si se rea­li­za a nivel inter­no o púb­li­ca­men­te. La crí­ti­ca obje­ti­va en la empre­sa está per­mit­ida, en prin­ci­pio. Qui­en den­un­cie irre­gu­la­ri­d­a­des de inte­rés púb­li­co pue­de, en deter­mi­na­das cir­cuns­tanci­as, aco­ger­se a la Ley de pro­tección de los den­un­ci­an­tes (whist­le­b­lo­wing). Las empre­sas con 50 o más emp­lea­dos están obli­ga­das a crear un canal inter­no de den­un­cia para este tipo de casos.

Aspectos específicos en determinados ámbitos

Los emp­lea­dos del sec­tor púb­li­co están suje­tos a obli­ga­cio­nes espe­cia­les de leal­tad, en fun­ción de su car­go y sus fun­cio­nes. Sin embar­go, el Tri­bu­nal Fede­ral de Tra­ba­jo (BAG) dic­ta­minó en 2009 que los emp­lea­dos del sec­tor púb­li­co que no des­em­pe­ñan fun­cio­nes sober­anas están suje­tos, en prin­ci­pio, a los mis­mos cri­te­ri­os que los tra­ba­ja­do­res del sec­tor priv­a­do (BAG, sen­ten­cia de 10 de sep­tiembre de 2009, n.º de refe­ren­cia 2 AZR 257/08).

En las deno­mi­na­das «empre­sas con ori­ent­a­ción especí­fi­ca», como, por ejem­plo, los sin­di­ca­tos, las igle­si­as o las insti­tu­cio­nes polí­ti­cas, se apli­can requi­si­tos más est­ric­tos. Quie­nes tra­ba­jen en ellas deben velar, tam­bién fuera del hora­rio laboral, por no inf­rin­gir los prin­ci­pi­os fun­da­men­ta­les de la orga­ni­za­ción (Tri­bu­nal Fede­ral de Tra­ba­jo, sen­ten­cia de 23 de octub­re de 2008, ref. 2 AZR 483/07).

Ade­más, los miem­bros de los comi­tés de empre­sa tie­nen pro­hi­bi­do por ley par­ti­ci­par en activ­i­d­a­des polí­ti­cas part­idi­stas, de con­for­mi­dad con el artí­cu­lo 75, apar­ta­do 2, ter­cera frase, de la Ley de Orga­ni­za­ción de las Empre­sas (BetrVG), cuan­do exis­ta una vin­cu­la­ción con­cre­ta con un part­ido político.

¿Qué significa esto en la práctica?

Los empre­sa­ri­os pue­den respon­der a las declar­a­cio­nes inad­mi­si­bles con una amo­ne­sta­ción o, en casos gra­ves, con el despi­do. Sin embar­go, siemp­re es fun­da­men­tal sope­sar cui­d­ado­sa­men­te cada caso con­cre­to. Tan­to los tra­ba­ja­do­res que no estén segu­ros de si una declar­a­ción que ten­gan pre­vis­to rea­li­zar pod­ría acar­rear con­se­cuen­ci­as en mate­ria de der­echo laboral, como los empre­sa­ri­os que deseen reac­cio­nar ante una expre­sión de opi­nión, debe­rí­an soli­ci­tar ase­so­r­ami­en­to juríd­ico antes de tomar medi­das precipitadas.

Este artí­cu­lo y la ima­gen que lo acom­pa­ña se han ela­bora­do con la ayu­da de la inte­li­gen­cia arti­fi­ci­al y han sido revi­sa­dos por la redacción.

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