Quienes hayan recibido una resolución definitiva en el marco de las ayudas para la reactivación tras la pandemia del coronavirus y se les haya exigido su devolución, pueden respirar tranquilos: El Tribunal Administrativo de Düsseldorf, mediante sentencia de 9 de julio de 2026 (n.º de expediente 9 K 9788/24), ha anulado dicha resolución definitiva y ha obligado a la autoridad a dictar una nueva resolución. La decisión reviste una gran importancia práctica para todos los afectados por las liquidaciones definitivas de las ayudas por la COVID-19.
El caso: un autónomo sin empleados deberá devolver 7.500 euros
Una asesora de gestión de la salud en el trabajo había solicitado en octubre de 2021 la ayuda de reactivación correspondiente al primer semestre de 2021 y se le habían concedido 7.500 euros. Años más tarde, en el marco de la liquidación final, la administración regional le exigió la devolución de la totalidad del importe. Motivo: la solicitante no había ejercido su actividad por cuenta propia como su «actividad principal». De su liquidación del impuesto sobre la renta de 2019 se desprendía que sus ingresos por actividad autónoma solo representaban alrededor del 39 % de sus ingresos totales, por lo que se situaban por debajo del umbral determinante del 51 %.
Sin embargo, la interesada había señalado que no había constituido su empresa por cuenta propia hasta 2018 y que en 2019 aún percibía una subvención para la creación de empresas. Su negocio no despegó realmente hasta el cuarto trimestre de 2019.
La autoridad debería haberlo examinado con más detenimiento
El tribunal no anuló la resolución definitiva por considerar que la reclamación de devolución fuera, en principio, inadmisible. El factor decisivo fue otro: En su resolución, la autoridad solo había tenido en cuenta todo el año 2019 y no había comprobado si la solicitante había ejercido efectivamente su actividad por cuenta propia como fuente principal de ingresos en enero o febrero de 2020. Sin embargo, según las directrices de la subvención, precisamente eso habría sido posible como período de referencia alternativo.
El tribunal subraya que, si un solicitante aporta indicios concretos que puedan apuntar a una valoración diferente, la autoridad está obligada a investigarlos por iniciativa propia. No puede limitarse a tomar una decisión basándose en la primera base de datos que encuentre, ignorando alternativas obvias. Este principio de la denominada «investigación de oficio» se aplica también cuando los beneficiarios de subvenciones tienen, en principio, obligaciones de colaboración más estrictas.
Una cuestión secundaria importante: ¿Cuándo se considera que se ha notificado una resolución?
Además, el tribunal tuvo que resolver una cuestión procesal. La resolución definitiva se había publicado a través de un portal en línea. La autoridad partía de la base de que, por lo tanto, se consideraba automáticamente notificada. Sin embargo, la demandante no tuvo conocimiento de ella hasta mucho más tarde, ya que al principio no pudo iniciar sesión en su cuenta de usuario.
El tribunal dictaminó que tal presunción de notificación automática requiere el consentimiento expreso del usuario. Quien se haya limitado a declarar que desea recibir las notificaciones por correo electrónico no ha dado con ello su consentimiento para tener que iniciar sesión de forma activa en un portal y descargar los documentos. Por lo tanto, el plazo para interponer el recurso no comenzó a correr hasta el momento en que se tuvo conocimiento efectivo de la notificación. El recurso se interpuso, por tanto, dentro de plazo.
¿Qué significa esto para las personas afectadas?
La resolución transmite dos mensajes prácticos. En primer lugar: quien haya recibido una resolución definitiva con una reclamación de devolución y considere que la administración no ha tenido en cuenta circunstancias atenuantes, debería solicitar que se examine este aspecto de forma específica. En segundo lugar: quien no esté seguro de si el plazo para interponer un recurso ha vencido realmente porque la resolución se ha facilitado a través de un portal digital, debería solicitar asesoramiento jurídico. La cuestión de la notificación efectiva puede ser determinante para el éxito o el fracaso de un recurso.
La sentencia aún no es firme. Si tiene alguna duda sobre su liquidación final, se recomienda que solicite asesoramiento fiscal o jurídico en cada caso concreto.
Fuente: Haufe: Impuestos
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