Las empresas inmobiliarias recurren cada vez más a herramientas digitales y algoritmos para hacer frente al creciente aluvión de solicitudes. En las zonas más cotizadas, un solo anuncio puede recibir rápidamente varios cientos de solicitudes. Sin embargo, el uso de sistemas automatizados conlleva riesgos jurídicos considerables, sobre todo en lo que respecta a la Ley General de Igualdad de Trato (AGG, por sus siglas en alemán).
¿Qué es la AGG y por qué es relevante en el ámbito del alquiler?
La Ley General contra la Discriminación (AGG) prohíbe la discriminación por motivos como el origen, el género, la religión, la edad o la discapacidad. Las empresas inmobiliarias están obligadas a cumplirla a la hora de adjudicar viviendas. Las infracciones pueden salir caras: los tribunales suelen conceder a los afectados una indemnización por daños y perjuicios equivalente a entre dos y tres veces el importe del alquiler mensual. Y esto no solo se aplica a las decisiones que toma una persona, sino también a los errores que comete un algoritmo utilizado.
Los algoritmos no discriminan en casos concretos, sino de forma sistemática
Ese es el verdadero problema. Un gestor humano puede reflexionar, sopesar las circunstancias y mostrar empatía en cada caso concreto. Un sistema de IA mal entrenado, en cambio, repite los patrones aprendidos de forma sistemática y sin excepción. Si los datos históricos de adjudicación perjudican a determinados grupos, la IA aprende precisamente eso como norma y lo perpetúa. Los datos de dirección pueden actuar como un indicador oculto de origen, y los patrones lingüísticos como sustituto de la pertenencia étnica. Ambos aspectos son inadmisibles según la Ley General contra la Discriminación (AGG).
La Oficina Federal contra la Discriminación informó de que, en 2025, se tramitaron unos 500 casos relacionados con el mercado inmobiliario, lo que supone un aumento del 25 % con respecto al año anterior. Es probable que el número real de casos no denunciados sea considerablemente mayor.
Lo que deben tener en cuenta concretamente los arrendadores y las empresas inmobiliarias
La abogada Carolin Klein, del bufete Heuking, enumera cinco requisitos para que la adjudicación de viviendas mediante sistemas digitales cumpla con la Ley General contra la Discriminación (AGG):
- Transparencia de los criterios de selección:Debe poder comprobarse y explicarse en todo momento quién es evaluado y según qué criterios.
- Ausencia de discriminaciones indirectas:Las características aparentemente neutras, como la dirección o el patrón lingüístico, no deben servir como sustituto de las características protegidas.
- Datos de entrenamiento precisos:Los sistemas que se basan en datos históricos sesgados perpetúan las desigualdades del pasado y plantean problemas jurídicos.
- Selección aleatoria en caso de igualdad de cualificaciones:Si varios candidatos y candidatas reúnen los mismos requisitos, se deberá recurrir al sorteo.
- La responsabilidad recae en la empresa:Es obligatorio realizar controles aleatorios periódicos y analizar las reclamaciones, independientemente del software que se utilice.
La Ley de la UE sobre la IA exige que la decisión final la tome una persona
Según la Ley de la UE sobre la IA, los rechazos totalmente automatizados —por ejemplo, basados en una puntuación de solvencia— no están permitidos en el caso de tratamientos de datos de alto riesgo. La decisión final sobre un contrato de alquiler debe tomarla una persona. Las empresas inmobiliarias que ignoren esto no solo se arriesgan a infringir la Ley general contra la discriminación (AGG), sino también la legislación europea.
¿Qué significa esto para los arrendadores particulares y las pequeñas empresas?
Incluso quienes alquilan solo unas pocas viviendas y no utilizan programas informáticos complejos están sujetos a la AGG. Las denegaciones deben documentarse de forma comprensible. Quien recurra a un proveedor de servicios o a una plataforma de alquiler sigue siendo responsable de las decisiones discriminatorias que se tomen a través de ese canal. En caso de duda, es recomendable solicitar asesoramiento jurídico antes de introducir nuevos procesos digitales.
Quien quiera comprobar ahora si sus procesos de adjudicación se ajustan a la AGG no debería dejarlo para más adelante. Precisamente los procedimientos no documentados, que se basan en la experiencia o en la intuición, son muy difíciles de defender ante los tribunales.
Fuente: Haufe: Inmobiliaria
Este artículo y la imagen que lo acompaña se han elaborado con la ayuda de la inteligencia artificial y han sido revisados por la redacción.