La inteligencia artificial y la automatización no solo están transformando el mundo laboral, sino también el potencial de conflicto entre empresarios y trabajadores. Muchas empresas apuestan por los denominados programas de recualificación para formar a los empleados, cuyas funciones anteriores han dejado de existir, en nuevas funciones. Lo que a primera vista parece una solución justa, entraña importantes dificultades en materia de derecho laboral.
¿Cualificación o traslado? Una distinción decisiva
Siempre que los trabajadores reciban formación además de su actividad habitual, sin que su ámbito de trabajo sufra cambios sustanciales, se trata, desde el punto de vista jurídico, de una medida de cualificación. La situación es diferente cuando se asigna un nuevo ámbito de trabajo que dura más de un mes o que conlleva un cambio sustancial en las condiciones laborales. En ese caso, se trata de un traslado en el sentido de la Ley de Organización Empresarial, sobre el que el comité de empresa tiene derecho de cogestión.
En la práctica, los programas de recualificación suelen abarcar ambas dimensiones al mismo tiempo. Por un lado, se desarrollan nuevas competencias, como el manejo de la inteligencia artificial o el análisis de datos. Por otro lado, una vez finalizada la formación, suele producirse un cambio a otras funciones o incluso a otras empresas. Aunque el programa se denomine oficialmente «formación continua», sigue estando sujeto al derecho de cogestión en cuanto actúa, de hecho, como vehículo para los traslados.
Rechazo del programa y el riesgo de un despido por modificación del contrato
Antes de proceder a un despido por motivos operativos, el empresario debe comprobar si existen medidas menos drásticas, como, por ejemplo, una recualificación razonable o la continuidad en el empleo en otro puesto vacante. Si un trabajador rechaza una oferta debidamente elaborada para la recualificación en el marco de la transformación, un despido con reasignación de funciones puede estar socialmente justificado. El requisito es que el puesto anterior desaparezca objetivamente, que la nueva actividad sea razonable y que la cualificación ofrezca posibilidades realistas de éxito. Los programas que conducen a callejones sin salida profesionales o que conllevan pérdidas significativas de ingresos suelen ser desestimados por los tribunales por ser socialmente injustos.
El papel del comité de empresa
Desde el punto de vista del Derecho laboral, una «Reskilling-Academy» suele considerarse parte de un cambio en la empresa, especialmente cuando se suprime un número considerable de puestos de trabajo. Esto da lugar a la obligación de negociar un acuerdo de conciliación de intereses y de elaborar un plan social. El comité de empresa puede hacer valer importantes normas de protección en virtud del Derecho colectivo, por ejemplo:
- Prioridad a la recualificación frente al despido
- Protección contra el despido durante la participación en el programa
- Criterios de selección transparentes para la participación
- Opciones de reincorporación al ámbito de actividad anterior
La remuneración y la clasificación salarial no pueden modificarse de forma unilateral
Mientras no se haya firmado un nuevo contrato de trabajo ni se haya aceptado una rescisión por modificación, seguirán vigentes las condiciones laborales anteriores. La remuneración no podrá reducirse durante la fase de cualificación sin previo acuerdo. Los períodos de formación que ordene el empresario o que se exijan en el marco de un plan de transformación se consideran, por regla general, tiempo de trabajo. Una vez finalizado el programa, la nueva actividad deberá clasificarse según el régimen salarial vigente, en lo que también se aplican los derechos de cogestión del comité de empresa.
¿Qué significa esto para los trabajadores y las empresas?
Que un programa de recualificación sea realmente voluntario no depende de su nombre, sino de si existe una posibilidad realista de permanecer en el ámbito de actividad anterior. Si esta opción no existe en la práctica, la supuesta formación voluntaria se convierte en una reestructuración forzosa con consecuencias de gran alcance en materia de derecho laboral. Los trabajadores que no tengan claro cómo abordar una oferta de este tipo, así como las empresas que deseen establecer un modelo de transformación con seguridad jurídica, deberían solicitar asesoramiento jurídico con la debida antelación.
Fuente: Haufe: Personal
Este artículo se ha elaborado con la ayuda de la inteligencia artificial y ha sido revisado por la redacción.