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La cláusula de desempate convierte al administrador de una GmbH en un empleado

La cláusula de desempate convierte al administrador de una GmbH en un empleado

Una par­ti­ci­pa­ción del 50 % en una socie­dad sue­le con­sider­ar­se una garan­tía de auto­no­mía empre­sa­ri­al. Sin embar­go, el Tri­bu­nal Fede­ral de lo Social ha deja­do cla­ro en una sen­ten­cia reci­en­te que esta supo­si­ción pue­de ser enga­ño­sa. Lo decisi­vo no es el por­cen­ta­je de par­ti­ci­pa­ción, sino el poder juríd­ico real para impe­dir que se adop­ten decis­io­nes indeseadas.

¿Qué había pasado?

Dos soci­os-ger­en­tes poseí­an cada uno el 50 % de las par­ti­ci­pa­cio­nes de una socie­dad limi­ta­da (GmbH). En el cont­ra­to social se había acord­ado una clá­u­su­la deno­mi­na­da «de des­em­pa­te»: en caso de empa­te en la vot­ación, un ter­ce­ro neu­tral debía tomar la decis­ión. La Segu­ri­dad Social examinó la situ­ación y cla­si­ficó a ambos admi­nis­tra­do­res como tra­ba­ja­do­res por cuen­ta aje­na. La con­se­cuen­cia fue una recla­mación de cotiza­cio­nes atrasa­das por valor de unos 127 000 euros. La socie­dad limi­ta­da inter­pu­so un recur­so con­tra esta decis­ión y argu­men­tó que la par­ti­ci­pa­ción al 50 % jus­ti­fi­ca­ba la con­di­ción de autó­no­mo. Ade­más, ale­gó que la clá­u­su­la era nula en cual­quier caso.

El tribunal considera que no existe competencia jurídica suficiente

El Tri­bu­nal Fede­ral de lo Social dese­stimó la deman­da y con­fir­mó la reso­lu­ción del Tri­bu­nal Regio­nal de lo Social de Baja Sajo­nia-Bre­men. La con­clu­sión prin­ci­pal del tri­bu­nal es la sigu­i­en­te: qui­en posea el 50 % de las par­ti­ci­pa­cio­nes pue­de, en prin­ci­pio, blo­quear cual­quier acuer­do que requie­ra una mayo­ría simp­le. Sin embar­go, si exis­te una clá­u­su­la de voto de cali­dad que per­mi­te que un ter­ce­ro deci­da en caso de empa­te, se pier­de pre­ci­sa­men­te esa posi­bil­idad de blo­queo. Nin­gu­no de los dos direc­to­res gene­ra­les podía impe­dir de for­ma fia­ble que se toma­ran decis­io­nes en con­tra de su voluntad.

El BSG sub­rayó ade­más que, a efec­tos de la valora­ción en mate­ria de Segu­ri­dad Social, se exi­ge la pre­vi­si­bil­idad. La auto­ri­dad jurí­di­ca debe ser cla­ra­men­te reco­no­ci­b­le y fia­ble. Si, por el con­tra­rio, depen­de del resul­ta­do de un pro­ce­di­mi­en­to judi­cial o de una impug­na­ción pos­te­ri­or, ello no es sufi­ci­en­te. Según el tri­bu­nal, una impug­na­ción pre­su­po­ne que se haya adop­ta­do pre­via­men­te una reso­lu­ción. No la impide.

No se ha cuestionado la validez de la cláusula

El BSG no admi­tió el argu­men­to de la GmbH de que la clá­u­su­la de voto de cali­dad era nula. No cabía ningu­na duda sob­re la vali­dez de la dis­po­si­ción. E incluso si la clá­u­su­la nun­ca se hubiera apli­ca­do real­men­te, eso no cam­bia nada: su mera exis­ten­cia en el cont­ra­to social bas­ta para negar el poder de veto.

¿Qué significa esto en la práctica?

Esta sen­ten­cia tiene una gran rele­van­cia prác­ti­ca para los soci­os-ger­en­tes y sus socie­da­des de responsa­bil­idad limi­ta­da (GmbH). Muchos estatu­tos socia­les con­tie­nen dis­po­si­cio­nes simi­la­res para la reso­lu­ción de con­flic­tos en caso de empa­te en la vot­ación, sin que las par­tes sean con­sci­en­tes de las con­se­cuen­ci­as que ello conlle­va en mate­ria de Segu­ri­dad Social.

  • Una par­ti­ci­pa­ción del 50 % no pro­te­ge automá­ti­ca­men­te fren­te a la cali­fi­ca­ción como rela­ción laboral por cuen­ta ajena.
  • Las clá­u­su­las de des­em­pa­te pue­den dar lugar a que exis­ta la obli­ga­ción de coti­zar a la Segu­ri­dad Social, aun­que se sea socio.
  • Las recla­macio­nes de cotiza­cio­nes atrasa­das pue­den alcan­zar can­ti­d­a­des con­sider­a­bles y recla­mar­se con carác­ter retroactivo.
  • Es reco­men­da­ble revi­sar los estatu­tos socia­les en bus­ca de este tipo de clá­u­su­las antes de que se lle­ve a cabo una inspección fiscal.

Qui­en ejer­za como socio-ger­en­te o diri­ja una socie­dad limi­ta­da (GmbH) con vari­os soci­os debe­ría hacer que se revi­sen minu­cio­sa­men­te los estatu­tos socia­les y su situ­ación en mate­ria de Segu­ri­dad Social. En caso de duda, se reco­mien­da soli­ci­tar ase­so­r­ami­en­to jurídico.

Tri­bu­nal Fede­ral Social (BSG), sen­ten­cia de 23 de julio de 2026, n.º de expe­di­en­te B 12 BA 10/24 R

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