La Ley General de Igualdad de Trato, conocida como AGG, celebra este año su vigésimo aniversario. Entró en vigor el 18 de agosto de 2006 y, desde entonces, ha marcado profundamente el Derecho laboral y las prácticas de gestión de personal en Alemania. Merece la pena echar la vista atrás, ya que la ley sigue teniendo consecuencias muy prácticas tanto para los empresarios como para los trabajadores.
Qué regula la AGG y a quién protege
La Ley General contra la Discriminación (AGG) prohíbe la discriminación por determinados motivos: raza y origen étnico, género, religión o convicciones, discapacidad, edad e identidad sexual. En principio, estas características no deben influir en el ámbito laboral, ni en la contratación, ni en los ascensos, ni en los despidos, ni en la remuneración.
En este sentido, es importante distinguir entre dos tipos de desigualdad fundamentalmente diferentes. Por un lado, existe la desigualdad de trato injustificada: se tratan de forma diferente casos iguales, aunque no haya ninguna razón objetiva para ello. Por otro lado, hay situaciones en las que un trato formalmente igualitario conduce a resultados injustos, porque, de hecho, determinados grupos se ven más perjudicados. La AGG aborda ambas situaciones.
Acoso en el lugar de trabajo: una categoría propia en la legislación
El acoso sexual y otras formas de acoso en el lugar de trabajo también están regulados en la AGG. En este sentido, se aplica un principio importante: el carácter ilícito de un acoso radica en el acto en sí mismo, y no en la comparación con el trato que reciben otros trabajadores. Un empresario que insulte a un empleado por su edad no actúa de forma ilícita por tratar peor a los empleados de más edad que a los más jóvenes, sino porque el insulto, en sí mismo, atenta contra la dignidad de la persona afectada. Esta distinción tiene consecuencias jurídicas, por ejemplo, a la hora de determinar si una demanda de indemnización puede prosperar.
Novedades: transparencia salarial y legislación regional
La legislación contra la discriminación no se queda estancada. La Directiva de la UE sobre transparencia salarial, cuyo objetivo es obligar a las empresas a revelar y justificar las diferencias salariales entre hombres y mujeres, debería haberse transpuesto al Derecho alemán antes de junio de 2026. Este plazo ha vencido sin que se haya alcanzado un acuerdo. Las empresas deberían seguir de cerca la evolución de la situación, ya que, en caso de que se aplique la directiva, podrían verse sometidas a importantes obligaciones de documentación y presentación de informes.
Paralelamente, algunos estados federados están elaborando sus propias leyes contra la discriminación. Berlín y Renania-Palatinado ya cuentan con normativas de este tipo. Renania del Norte-Westfalia está a punto de aprobar una ley estatal cuyo ámbito de aplicación iría mucho más allá del de la Ley federal contra la discriminación (AGG). No solo abarcará las características ya conocidas, sino cualquier tipo de trato desigual injustificado por parte de los organismos públicos. Para los empleadores privados, la Ley federal contra la discriminación (AGG) sigue siendo el marco normativo de referencia.
¿Qué significa esto para las empresas?
Las empresas deben garantizar que sus ofertas de empleo, los procesos de selección y las decisiones internas no tengan en cuenta ningún criterio discriminatorio contemplado en la Ley General contra la Discriminación (AGG). Los sistemas de retribución existentes deben revisarse periódicamente para comprobar si perjudican indirectamente a determinados grupos. Asimismo, por motivos de responsabilidad civil, es recomendable impartir formación sobre la protección contra el acoso.
La AGG prevé el derecho a indemnización de las personas afectadas en caso de incumplimiento. Además, en caso de litigio, se aplica una reducción de la carga de la prueba: quien demuestre de forma verosímil hechos que hagan sospechar que existe discriminación, obliga al empresario a refutar dicha sospecha. Esto hace que los conflictos laborales en este ámbito sean especialmente delicados. En caso de duda, se recomienda buscar asesoramiento jurídico lo antes posible.
Fuente: Haufe: Personal
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