Quien se vea obligado a defenderse en un proceso penal suele preguntarse si los honorarios de los abogados son deducibles fiscalmente. Una sentencia reciente del Tribunal Fiscal de Baja Sajonia ofrece una respuesta sorprendentemente clara al respecto, al menos en el caso de que, al final, solo se imponga una pena de prisión.
Los hechos: el director comercial ante los tribunales
El director comercial de un grupo empresarial participó en un sistema mediante el cual se evadían impuestos sobre el valor añadido utilizando facturas falsas y mano de obra no declarada. El Tribunal Regional lo condenó, por diez delitos de evasión fiscal, a una pena total de dos años de prisión, suspendida condicionalmente. No se le impuso ninguna multa ni se incautaron los beneficios obtenidos con los delitos.
La defensa penal le supuso al hombre unos gastos de 50 000 euros. Su empresa transfirió esta cantidad directamente al abogado defensor, en virtud de un contrato de préstamo. En su declaración de la renta correspondiente a 2021, el demandante dedujo dichos gastos como gastos profesionales a posteriori derivados de su actividad por cuenta ajena.
La Agencia Tributaria denegó la deducción
La Agencia Tributaria denegó la deducción por varios motivos. Ponía en duda que el demandante hubiera incurrido realmente en dichos gastos, ya que no se había acreditado el reembolso del préstamo. Además, la autoridad consideró que existía un motivo privado subyacente debido a los denominados «pagos de comisión ilegal» que el demandante había recibido. Y, por último, la Agencia Tributaria se acogió a la prohibición de deducción fiscal prevista en el artículo 12, apartado 4, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que desde 2019 se ha ampliado también a los gastos relacionados con las sanciones correspondientes.
El Tribunal Fiscal falló de otra manera
El Tribunal Fiscal de Baja Sajonia dio la razón al demandante mediante sentencia de 14 de julio de 2026 (número de expediente 13 K 108/25). En primer lugar, reconoció que los gastos de defensa penal tenían carácter profesional, ya que las acusaciones se derivaban directamente de la actividad profesional del demandante. El pago por parte del empleador mediante un contrato de préstamo constituía únicamente lo que se denomina una «vía de pago abreviada» y no impedía la deducción. El hecho de que el préstamo se devolviera posteriormente carecía de relevancia para el ejercicio fiscal en cuestión.
Sin embargo, el punto decisivo fue la cuestión de la prohibición de deducción. El tribunal dejó claro que la prohibición de deducción prevista en el artículo 12, apartado 4, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (EStG), en su versión ampliada, se refiere a los gastos relacionados con una multa u otra de las sanciones allí mencionadas. Sin embargo, en el presente caso se impuso exclusivamente una pena de prisión, que no figura en dicha disposición.
El tribunal rechazó ampliar la prohibición a todo el proceso penal. Señaló que, en tal caso, lógicamente tampoco serían deducibles los gastos de defensa tras una absolución, lo que contradiría el principio fiscal de la tributación en función de la capacidad económica.
Recurso pendiente ante el Tribunal Federal de Hacienda (BFH)
El procedimiento no ha concluido aún. El Tribunal Fiscal ha admitido expresamente el recurso de casación ante el Tribunal Federal Fiscal, y este ya se ha interpuesto. El procedimiento está pendiente ante el Tribunal Federal Fiscal con el número de expediente VI R 10/26. Queda por ver cómo valorarán los magistrados fiscales de máxima instancia el alcance de la prohibición de deducción en caso de penas privativas de libertad.
Quien se encuentre en una situación similar y desee deducir fiscalmente los gastos de defensa penal debería consultar con un asesor fiscal o un bufete especializado para comprobar si se cumplen los requisitos en su caso concreto.
Fuente: Haufe: Impuestos
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