Quien opera con opciones en bolsa puede verse en un dilema fiscal: las ganancias derivadas de las primas de emisión están sujetas a impuestos, mientras que las pérdidas económicamente relacionadas con ellas, procedentes de la venta de acciones, no pueden deducirse fiscalmente. El Tribunal Fiscal de Baden-Württemberg ha dictaminado ahora que, en un caso así, el Estado puede estar obligado a limitar la carga fiscal por razones de equidad, si de lo contrario se incumple el mínimo vital de los afectados.
¿Qué había pasado?
Una pareja llevó a cabo, en los años 2006 y 2007, las denominadas operaciones de «venta de opciones». En ellas, los demandantes vendían opciones sobre acciones y percibían primas a cambio. Cuando los compradores ejercían su opción, los demandantes se veían obligados a adquirir las acciones correspondientes a un precio elevado en bolsa para cumplir con su obligación de entrega. Esto provocó pérdidas considerables por la venta de acciones: unos 300.000 euros en 2006 y casi 850.000 euros en 2007.
A efectos fiscales, los ingresos por primas se gravaban como «otros ingresos» con arreglo al artículo 22, apartado 3, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (EStG). Las pérdidas derivadas de la venta de acciones, por el contrario, se consideraban operaciones de enajenación privadas con arreglo al artículo 23 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (EStG). Debido al principio legal de separación, estaba prohibido compensar ambas partidas entre sí. La Agencia Tributaria denegó una solicitud de liquidación fiscal diferente por motivos de equidad.
El principio del ingreso neto subjetivo como límite de la tributación
El Tribunal Fiscal de Baden-Württemberg opinó lo contrario, al menos en un aspecto fundamental. Si bien en un primer momento confirmó que la prohibición legal de compensar pérdidas no es, en sí misma, objetivamente injusta, El legislador, con esta normativa, pretendía impedir de forma específica los modelos de ahorro fiscal, y una medida generosa basada en la equidad socavaría este objetivo.
No obstante, el tribunal obligó a la Agencia Tributaria a revisar su decisión, ya que se había infringido el denominado «principio subjetivo de la renta neta». Este principio tiene rango constitucional y establece que, cada año, al contribuyente debe quedar exenta de impuestos la parte de sus ingresos que necesite para su sustento básico y el de su familia. Una tributación que no alcance este mínimo vital es inconstitucional, incluso si se basa en una ley formalmente correcta.
El tribunal estableció una enfoque anualcomo base. No basta con remitirse a años posteriores de compensación. La protección del mínimo vital debe garantizarse para cada ejercicio fiscal concreto. Por lo tanto, para 2006, la carga fiscal total derivada del impuesto sobre la renta, el recargo de solidaridad y el impuesto eclesiástico no debe superar los 293 865 euros, y para 2007, no debe superar los 474 748 euros.
La discrecionalidad de la Agencia Tributaria se ha reducido a cero
Es interesante la consecuencia jurídica: el tribunal consideró que se trataba de una denominada Reducción de la discrecionalidad a cero. Esto significa que la Agencia Tributaria ya no tiene margen de maniobra a la hora de decidir si limita la carga fiscal. Está obligada a conceder una exención parcial. No obstante, la propia Agencia puede elegir cuál de las medidas previstas por la ley, según el artículo 163 del Código Tributario, aplica para reducir la carga fiscal hasta el nivel permitido.
¿Qué significa esto para las personas afectadas?
La sentencia demuestra que incluso las liquidaciones tributarias que se ajustan a la ley pueden ser modificadas si vulneran el mínimo vital. Quien realice operaciones complejas en los mercados de capitales y se vea envuelto en situaciones de pérdidas fiscales debería hacer que se evalúe si procede presentar una solicitud de equidad. El procedimiento es complejo y requiere un cálculo preciso de la capacidad económica real.
La sentencia se dictó en segunda instancia. El número de expediente es 2 K 827/23, Tribunal Fiscal de Baden-Württemberg, sentencia de 17 de julio de 2025.
Fuente: Haufe: Impuestos
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