Quien adquiera participaciones en una sociedad y, con ello, dé lugar a lo que se denomina una «fusión de participaciones» según la Ley del Impuesto sobre la Adquisición de Bienes Inmuebles, deberá solicitar que se determine por separado el valor de los bienes inmuebles que forman parte del patrimonio social. El valor de los bienes inmuebles así determinado constituye la base imponible del Impuesto sobre la Adquisición de Bienes Inmuebles. El Tribunal Fiscal de Sajonia ha abordado, en una sentencia publicada recientemente, la cuestión de si, y en qué medida, un terreno contaminado con residuos peligrosos puede tener un valor de mercado inferior.
El caso: contaminación de terrenos contaminados y orden de rehabilitación
En este caso concreto, una sociedad limitada (GmbH) era propietaria de un terreno que presentaba residuos peligrosos. Las aguas subterráneas de la zona estaban contaminadas, por lo que la Oficina del Distrito emitió una orden de saneamiento que también se trasladaría a un posible nuevo propietario. Sin embargo, la propia sociedad disponía de resoluciones de exención de la obligación de saneamiento, expedidas por la Presidencia del Gobierno regional competente. Esto significaba que la sociedad estaba exenta de la obligación de saneamiento y no tenía que asumir los costes de su propio bolsillo.
El demandante presentó varios informes periciales que llegaban a la conclusión de que se incurriría en gastos considerables de rehabilitación y seguridad. Por ello, los informes no indicaban ningún valor de mercado o, incluso, indicaban un valor negativo. La Agencia Tributaria no aceptó esta valoración y fijó un valor catastral considerablemente más alto.
La sentencia: lo que cuenta son las circunstancias reales a la fecha de referencia
El Tribunal Fiscal de Sajonia desestimó la demanda y dio la razón a la Agencia Tributaria. El factor decisivo fue la cuestión de cuáles eran las circunstancias reales en la fecha de referencia para la valoración. El tribunal señaló:
- El valor de mercado en el sentido de Artículo 198 de la Ley de valoracióncorresponde al valor de mercado según Artículo 194 del Código de Urbanismoa la fecha de referencia correspondiente para la valoración.
- Dado que las resoluciones de exención eximían a la propietaria de la obligación de realizar la rehabilitación, esta no corría ningún riesgo financiero real en el momento de los hechos.
- En el método de valoración estandarizado no se admiten deducciones por inversiones futuras aún no planificadas o por proyectos especulativos.
- Los peritajes partieron inicialmente de un valor de rendimiento superior al valor fiscal y, a continuación, restaron los costes de rehabilitación calculados teóricamente. Según el tribunal, este método no refleja la realidad.
El tribunal subrayó además que el valor de mercado representa un precio de compra ficticio que se obtendría en el tráfico comercial habitual. Para ello, hay que suponer que un comprador hipotético se encuentra, en la fecha de referencia, en la misma situación jurídica que la vendedora y que tampoco tiene que hacer frente a gastos de rehabilitación. Las deducciones por un riesgo que en realidad ni siquiera existía distorsionarían el valor de mercado.
¿Qué significa esto en la práctica?
La sentencia pone de manifiesto lo importante que es, a la hora de valorar un inmueble, distinguir con precisión entre las cargas realmente existentes y los riesgos meramente teóricos. Si existen exenciones administrativas o normativas similares, estas pueden influir de manera significativa en el valor. Los informes periciales que se basan en costes hipotéticos que, a la fecha de referencia, no deben ser sufragados legalmente por la propietaria, no suelen convencer a los tribunales fiscales.
Quien desee demostrar un valor de mercado inferior en situaciones similares debería hacer que se compruebe con antelación qué cargas existían realmente con validez jurídica a la fecha de referencia de la valoración. La sentencia aún no es firme: se ha interpuesto un recurso de casación ante el Tribunal Federal de Hacienda contra la resolución (N.º de expediente: II R 47/25). Las empresas y los particulares a los que les afecten cuestiones similares deberían estar atentos a la evolución de la situación y solicitar asesoramiento especializado.
Tribunal Fiscal de Sajonia, sentencia de 25 de septiembre de 2025, n.º de expediente 3 K 40/23
Fuente: Haufe: Impuestos
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