El Ministerio Federal de Hacienda ha publicado un borrador revisado de una ley para la implantación de la obligación de utilizar datáfonos. Las normas previstas afectan sobre todo a los autónomos y a los comerciantes que realizan transacciones en efectivo, y podrían suponer cambios significativos en el día a día de sus negocios a partir del año 2028.
Obligación de utilizar caja registradora a partir de 100 000 euros de facturación anual
El elemento central del proyecto de ley es la obligación legal de utilizar un sistema de registro electrónico. Esta obligación se aplicará tan pronto como la facturación total de una empresa supere el límite de 100 000 euros al año. Hasta entonces, seguirá estando permitida la denominada «caja registradora abierta», es decir, una simple caja de efectivo sin registro técnico. Quienes superen el umbral de facturación deberán pasar a utilizar una caja registradora certificada a partir del 1 de abril del año siguiente. Si el límite se supera por primera vez en el año 2027, la obligación de utilizar una caja registradora entrará en vigor ya a partir del 1 de enero de 2028.
La obligación de utilizar una caja registradora solo finaliza cuando la facturación se mantiene por debajo de los 100 000 euros durante tres años consecutivos. Quien ignore esta obligación a pesar de haber superado dicho límite se expone a una multa de hasta 25 000 euros.
¿Qué pagos hay que registrar?
El sistema de caja registradora electrónico debe registrar todos los pagos en efectivo, así como los pagos con tarjeta de débito o crédito. La única excepción son los flujos de pago que se liquidan íntegramente sin efectivo a través de una cuenta bancaria, como, por ejemplo, las transferencias o los adeudos directos.
Además, el sistema utilizado debe estar protegido por un dispositivo técnico de seguridad certificado y generar datos en un formato uniforme que se ajuste a las especificaciones de la Administración Tributaria.
Se elimina el recibo en papel y se introduce el recibo electrónico
Al mismo tiempo, se suprimirá por completo la obligación vigente hasta ahora de emitir un recibo en papel. En su lugar, se establecerá la obligación de facilitar un recibo electrónico. El recibo deberá ponerse a disposición del cliente en un formato de datos estandarizado, por ejemplo, mediante un código QR en la pantalla, por correo electrónico, como enlace de descarga o mediante tecnología NFC. La elección del medio de transmisión queda a discreción de la empresa. El cliente no tiene la obligación de aceptar el recibo. Sin embargo, se mantiene el derecho civil a recibir un recibo en papel según el Código Civil.
Sanciones más severas para el software de manipulación
El proyecto de ley prevé, además, un nuevo delito. Quien utilice, promocione o comercialice software con el que se puedan manipular los sistemas electrónicos de caja registradora será considerado en el futuro responsable penal. Y ello independientemente de si realmente se han evadido impuestos. La pena puede llegar a ser de hasta cinco años de prisión o una multa.
Resumen de otras novedades
- Los taxis y los coches de alquiler quedarán equiparados: a partir del 1 de enero de 2029, será obligatorio que los vehículos que presten servicios de transporte a demanda agrupado cuenten con un cuentakilómetros digital provisto de un dispositivo de seguridad.
- En el futuro, las cuentas anuales y los balances de apertura podrán conservarse en formato digital, por lo que ya no será necesario disponer de una versión en papel.
- En caso de incumplimiento de las normas de acceso a los datos en el marco de una inspección externa, en el futuro se impondrá obligatoriamente una multa por demora de entre 2.500 y 250.000 euros. Ya no se trata de una decisión discrecional.
El proyecto de ley aún no es una ley aprobada. Hasta su aprobación definitiva, algunos detalles aún pueden sufrir modificaciones. No obstante, se recomienda a las empresas que realizan transacciones en efectivo que sigan de cerca la evolución de la situación y comprueben con la debida antelación si su dotación de caja cumple con los requisitos futuros. El asesoramiento fiscal puede ayudar a evaluar las medidas que debe adoptar cada empresa en particular.
Fuente: Haufe: Impuestos
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