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Obligación de utilizar caja registradora a partir de 100.000 euros de facturación: qué supone el nuevo anteproyecto de ley para los empresarios

Obligación de utilizar caja registradora a partir de 100.000 euros de facturación: qué supone el nuevo anteproyecto de ley para los empresarios

El Minis­te­rio Fede­ral de Haci­en­da ha publi­ca­do un bor­ra­dor revi­sa­do de una ley para la implan­t­a­ción de la obli­ga­ción de uti­li­zar datá­fo­nos. Las nor­mas pre­vis­tas afec­tan sob­re todo a los autó­no­mos y a los comer­ci­an­tes que rea­liz­an trans­ac­cio­nes en efec­tivo, y pod­rí­an supo­ner cam­bi­os signi­fi­ca­tivos en el día a día de sus nego­ci­os a par­tir del año 2028.

Obligación de utilizar caja registradora a partir de 100 000 euros de facturación anual

El ele­men­to cen­tral del proyec­to de ley es la obli­ga­ción legal de uti­li­zar un sis­te­ma de regis­tro elec­tró­ni­co. Esta obli­ga­ción se apli­cará tan pron­to como la fac­tur­a­ción total de una empre­sa supe­re el lími­te de 100 000 euros al año. Has­ta enton­ces, seguirá estan­do per­mit­ida la deno­mi­na­da «caja regis­tra­do­ra abier­ta», es decir, una simp­le caja de efec­tivo sin regis­tro téc­ni­co. Quie­nes supe­ren el umbral de fac­tur­a­ción deberán pasar a uti­li­zar una caja regis­tra­do­ra cer­ti­fi­ca­da a par­tir del 1 de abril del año sigu­i­en­te. Si el lími­te se supera por pri­me­ra vez en el año 2027, la obli­ga­ción de uti­li­zar una caja regis­tra­do­ra ent­rará en vigor ya a par­tir del 1 de ene­ro de 2028.

La obli­ga­ción de uti­li­zar una caja regis­tra­do­ra solo fina­li­za cuan­do la fac­tur­a­ción se man­tiene por deba­jo de los 100 000 euros duran­te tres años con­se­cu­tivos. Qui­en igno­re esta obli­ga­ción a pesar de haber super­a­do dicho lími­te se expo­ne a una mul­ta de has­ta 25 000 euros.

¿Qué pagos hay que registrar?

El sis­te­ma de caja regis­tra­do­ra elec­tró­ni­co debe regis­trar todos los pagos en efec­tivo, así como los pagos con tar­jeta de débi­to o cré­di­to. La úni­ca excep­ción son los flu­jos de pago que se liqui­dan ínte­gra­men­te sin efec­tivo a tra­vés de una cuen­ta ban­ca­ria, como, por ejem­plo, las trans­fe­ren­ci­as o los adeu­dos directos.

Ade­más, el sis­te­ma uti­liz­ado debe estar pro­te­gi­do por un dis­po­si­tivo téc­ni­co de segu­ri­dad cer­ti­fi­ca­do y generar datos en un for­ma­to uni­for­me que se ajus­te a las espe­ci­fi­ca­cio­nes de la Admi­nis­tra­ción Tributaria.

Se elimina el recibo en papel y se introduce el recibo electrónico

Al mis­mo tiem­po, se supri­mirá por com­ple­to la obli­ga­ción vigen­te has­ta aho­ra de emi­tir un reci­bo en papel. En su lugar, se estable­cerá la obli­ga­ción de faci­li­tar un reci­bo elec­tró­ni­co. El reci­bo deberá poner­se a dis­po­si­ción del cli­ente en un for­ma­to de datos estan­da­riz­ado, por ejem­plo, medi­an­te un códi­go QR en la pan­tal­la, por cor­reo elec­tró­ni­co, como enlace de des­car­ga o medi­an­te tec­no­lo­gía NFC. La elección del medio de trans­mi­sión queda a dis­creción de la empre­sa. El cli­ente no tiene la obli­ga­ción de acept­ar el reci­bo. Sin embar­go, se man­tiene el der­echo civil a reci­bir un reci­bo en papel según el Códi­go Civil.

Sanciones más severas para el software de manipulación

El proyec­to de ley pre­vé, ade­más, un nue­vo deli­to. Qui­en uti­li­ce, pro­mo­cio­ne o comer­cia­li­ce soft­ware con el que se pued­an mani­pu­lar los sis­te­mas elec­tró­ni­cos de caja regis­tra­do­ra será con­sidera­do en el futu­ro responsable penal. Y ello inde­pen­di­en­te­men­te de si real­men­te se han eva­di­do impues­tos. La pena pue­de lleg­ar a ser de has­ta cin­co años de pri­sión o una multa.

Resumen de otras novedades

  • Los taxis y los coches de alqui­ler qued­arán equi­pa­ra­dos: a par­tir del 1 de ene­ro de 2029, será obli­ga­to­rio que los vehí­cu­los que pres­ten ser­vici­os de trans­por­te a deman­da agrup­a­do cuen­ten con un cuen­ta­kiló­me­tros digi­tal pro­vis­to de un dis­po­si­tivo de seguridad.
  • En el futu­ro, las cuen­tas anua­les y los balan­ces de aper­tu­ra podrán con­ser­var­se en for­ma­to digi­tal, por lo que ya no será nece­sa­rio dis­po­ner de una ver­sión en papel.
  • En caso de incum­pli­mi­en­to de las nor­mas de acce­so a los datos en el mar­co de una inspección exter­na, en el futu­ro se impon­drá obli­ga­to­ria­men­te una mul­ta por demo­ra de ent­re 2.500 y 250.000 euros. Ya no se tra­ta de una decis­ión discrecional.

El proyec­to de ley aún no es una ley apro­ba­da. Has­ta su apro­ba­ción defi­ni­ti­va, algu­nos detal­les aún pue­den sufrir modi­fi­ca­cio­nes. No obstan­te, se reco­mien­da a las empre­sas que rea­liz­an trans­ac­cio­nes en efec­tivo que sig­an de cer­ca la evo­lu­ción de la situ­ación y com­prueben con la debi­da antel­a­ción si su dot­ación de caja cum­p­le con los requi­si­tos futu­r­os. El ase­so­r­ami­en­to fis­cal pue­de ayu­dar a eva­luar las medi­das que debe adopt­ar cada empre­sa en particular.

Este artí­cu­lo y la ima­gen que lo acom­pa­ña se han ela­bora­do con la ayu­da de la inte­li­gen­cia arti­fi­ci­al y han sido revi­sa­dos por la redacción.

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