Un empleado de DHL criticó públicamente a su empresa por realizar transportes de armamento y mencionó a la empresa Rheinmetall como cliente. DHL le despidió sin preaviso, acusándole de haber revelado secretos comerciales. El Tribunal Laboral de Leipzig opinó lo contrario y declaró nulo el despido. La relación con el cliente se conocía desde hacía tiempo y el empleado no había afirmado ningún hecho falso. El caso pone de manifiesto lo estrechamente vinculados que están, en la práctica, la libertad de expresión y la relación laboral.
Un derecho fundamental con límites
El artículo 5, apartado 1, de la Ley Fundamental garantiza a toda persona el derecho a expresar libremente su opinión. Este derecho no solo se aplica frente al Estado, sino que también es válido en el ámbito de la relación laboral. El Tribunal Federal de Trabajo lo ha confirmado expresamente en una sentencia de 24 de noviembre de 2005 (n.º de referencia 2 AZR 584/04). Al mismo tiempo, la libertad de expresión no es un pase libre para cualquier tipo de manifestación.
Quedan excluidas de principio del ámbito de protección las afirmaciones falsas sobre hechos, así como las injurias, las críticas difamatorias y las denominadas «ofensas formales». Quien menosprecie o difame a alguien no podrá acogerse al artículo 5 de la Ley Fundamental, independientemente de si ello ocurre a nivel interno frente a un superior o a nivel externo en las redes sociales.
Crítica interna y declaraciones públicas
Los trabajadores y trabajadoras pueden plantear de forma objetiva las irregularidades que se produzcan en la empresa. En determinadas circunstancias, incluso está permitido revelar información interna de la empresa si con ello se sacan a la luz hechos de gran importancia que afectan al público. A esto se le denomina «denuncia de irregularidades». Las empresas con 50 o más empleados están obligadas, en virtud de la Ley de Protección de los Denunciantes, a crear canales internos de denuncia para este fin.
La situación se complica cuando se trata de críticas públicas. Quien, por ejemplo, difame a su empresa en las redes sociales o difunda rumores sobre su solvencia, se arriesga a sufrir consecuencias laborales que pueden llegar hasta el despido. Aunque una plataforma de redes sociales exija formalmente registrarse, este tipo de comentarios ya no se consideran de carácter interno. El riesgo de que se difundan rápidamente y de perder el control es especialmente elevado.
Declaraciones políticas en el lugar de trabajo
La Constitución también protege la libertad de expresión política en el lugar de trabajo. Los trabajadores pueden expresar sus convicciones mediante palabras, pegatinas o chapas. Un empresario no puede declarar la empresa como zona libre de política. Sin embargo, hay excepciones: si un empleado tiene contacto habitual con los clientes, una expresión política puede atribuirse al empresario. Este no está obligado a aceptar que se le utilice como portavoz de opiniones.
Normas especiales para los comités de empresa y las empresas con tendencia política
Según el artículo 75, apartado 2, tercera frase, de la Ley de Organización Empresarial, los miembros de los comités de empresa tienen prohibido realizar actividades políticas partidistas. Las declaraciones de carácter político general no están incluidas en esta prohibición, mientras que las que hacen referencia concreta a un partido sí lo están. En las denominadas «empresas con orientación específica», como, por ejemplo, los sindicatos, los partidos políticos o las instituciones confesionales, se aplican requisitos más estrictos a los trabajadores. Quien trabaje en ellas debe comportarse, también fuera del ámbito laboral, de tal manera que no contradiga de forma duradera la orientación de la empresa.
¿Qué significa esto en la práctica?
Que una declaración en el ámbito laboral sea admisible o tenga consecuencias depende siempre del caso concreto. Son factores decisivos, entre otros, el contenido de la declaración, el lugar en el que se haya realizado, la posición que ocupe la persona en la empresa y las posibles repercusiones en la armonía laboral. Quien haya recibido una amonestación o se enfrente a un despido debería solicitar asesoramiento jurídico antes de actuar.
Fuente: Haufe: Derecho
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