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La libertad de expresión en el Derecho laboral: lo que los trabajadores pueden decir y lo que no

La libertad de expresión en el Derecho laboral: lo que los trabajadores pueden decir y lo que no

Un emp­lea­do de DHL cri­ticó púb­li­ca­men­te a su empre­sa por rea­li­zar trans­por­tes de arma­men­to y men­ci­onó a la empre­sa Rhein­me­tall como cli­ente. DHL le despi­dió sin prea­vi­so, acusán­do­le de haber reve­la­do secre­tos comer­cia­les. El Tri­bu­nal Laboral de Leip­zig opinó lo con­tra­rio y declaró nulo el despi­do. La rela­ción con el cli­ente se cono­cía des­de hacía tiem­po y el emp­lea­do no había afir­ma­do nin­gún hecho fal­so. El caso pone de mani­fies­to lo est­recha­men­te vin­cu­la­dos que están, en la prác­ti­ca, la libert­ad de expre­sión y la rela­ción laboral.

Un derecho fundamental con límites

El artí­cu­lo 5, apar­ta­do 1, de la Ley Fun­da­men­tal garan­tiza a toda per­so­na el der­echo a expre­sar libre­men­te su opi­nión. Este der­echo no solo se apli­ca fren­te al Estado, sino que tam­bién es váli­do en el ámbi­to de la rela­ción laboral. El Tri­bu­nal Fede­ral de Tra­ba­jo lo ha con­fir­ma­do expre­sa­men­te en una sen­ten­cia de 24 de noviembre de 2005 (n.º de refe­ren­cia 2 AZR 584/04). Al mis­mo tiem­po, la libert­ad de expre­sión no es un pase lib­re para cual­quier tipo de manifestación.

Qued­an exclui­das de prin­ci­pio del ámbi­to de pro­tección las afir­macio­nes fal­sas sob­re hechos, así como las inju­ri­as, las crí­ti­cas difa­ma­to­ri­as y las deno­mi­na­das «ofen­sas for­ma­les». Qui­en meno­spre­cie o difa­me a algu­i­en no podrá aco­ger­se al artí­cu­lo 5 de la Ley Fun­da­men­tal, inde­pen­di­en­te­men­te de si ello ocur­re a nivel inter­no fren­te a un supe­ri­or o a nivel exter­no en las redes sociales.

Crítica interna y declaraciones públicas

Los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras pue­den plan­tear de for­ma obje­ti­va las irre­gu­la­ri­d­a­des que se pro­duz­can en la empre­sa. En deter­mi­na­das cir­cuns­tanci­as, incluso está per­mit­ido reve­lar infor­mación inter­na de la empre­sa si con ello se sacan a la luz hechos de gran importancia que afec­tan al púb­li­co. A esto se le deno­mi­na «den­un­cia de irre­gu­la­ri­d­a­des». Las empre­sas con 50 o más emp­lea­dos están obli­ga­das, en virtud de la Ley de Pro­tección de los Den­un­ci­an­tes, a crear cana­les inter­nos de den­un­cia para este fin.

La situ­ación se com­pli­ca cuan­do se tra­ta de crí­ti­cas púb­li­cas. Qui­en, por ejem­plo, difa­me a su empre­sa en las redes socia­les o difun­da rumo­res sob­re su sol­ven­cia, se arries­ga a sufrir con­se­cuen­ci­as labora­les que pue­den lleg­ar has­ta el despi­do. Aun­que una pla­ta­for­ma de redes socia­les exi­ja for­mal­men­te regis­trar­se, este tipo de comen­ta­ri­os ya no se con­side­ran de carác­ter inter­no. El ries­go de que se difun­dan rápi­da­men­te y de per­der el con­trol es espe­cial­men­te elevado.

Declaraciones políticas en el lugar de trabajo

La Con­sti­tu­ción tam­bién pro­te­ge la libert­ad de expre­sión polí­ti­ca en el lugar de tra­ba­jo. Los tra­ba­ja­do­res pue­den expre­sar sus con­vic­cio­nes medi­an­te pala­bras, pega­ti­nas o cha­pas. Un empre­sa­rio no pue­de declarar la empre­sa como zona lib­re de polí­ti­ca. Sin embar­go, hay excep­cio­nes: si un emp­lea­do tiene cont­ac­to habi­tu­al con los cli­entes, una expre­sión polí­ti­ca pue­de atri­buir­se al empre­sa­rio. Este no está obli­ga­do a acept­ar que se le uti­li­ce como por­ta­voz de opiniones.

Normas especiales para los comités de empresa y las empresas con tendencia política

Según el artí­cu­lo 75, apar­ta­do 2, ter­cera frase, de la Ley de Orga­ni­za­ción Empre­sa­ri­al, los miem­bros de los comi­tés de empre­sa tie­nen pro­hi­bi­do rea­li­zar activ­i­d­a­des polí­ti­cas part­idi­stas. Las declar­a­cio­nes de carác­ter polí­ti­co gene­ral no están inclui­das en esta pro­hi­bición, mien­tras que las que hacen refe­ren­cia con­cre­ta a un part­ido sí lo están. En las deno­mi­na­das «empre­sas con ori­ent­a­ción especí­fi­ca», como, por ejem­plo, los sin­di­ca­tos, los part­idos polí­ti­cos o las insti­tu­cio­nes con­fe­sio­na­les, se apli­can requi­si­tos más est­ric­tos a los tra­ba­ja­do­res. Qui­en tra­ba­je en ellas debe com­port­ar­se, tam­bién fuera del ámbi­to laboral, de tal mane­ra que no con­tra­di­ga de for­ma dura­de­ra la ori­ent­a­ción de la empresa.

¿Qué significa esto en la práctica?

Que una declar­a­ción en el ámbi­to laboral sea admi­si­ble o ten­ga con­se­cuen­ci­as depen­de siemp­re del caso con­cre­to. Son fac­to­res decisi­v­os, ent­re otros, el con­teni­do de la declar­a­ción, el lugar en el que se haya rea­liz­ado, la posi­ción que ocupe la per­so­na en la empre­sa y las posi­bles reper­cu­sio­nes en la armonía laboral. Qui­en haya reci­bi­do una amo­ne­sta­ción o se enf­ren­te a un despi­do debe­ría soli­ci­tar ase­so­r­ami­en­to juríd­ico antes de actuar.

Este artí­cu­lo y la ima­gen que lo acom­pa­ña se han ela­bora­do con la ayu­da de la inte­li­gen­cia arti­fi­ci­al y han sido revi­sa­dos por la redacción.

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