Quien, en el marco de un procedimiento de divorcio, reciba derechos de pensión derivados de una pensión de funcionario de su excónyuge, debe prestar especial atención a la tributación. El Tribunal Federal de Hacienda, en su sentencia de 24 de junio de 2026, se ha pronunciado sobre una cuestión de importancia práctica relativa a las deducciones y ha confirmado expresamente la postura de la Administración tributaria (BFH, VI R 19/24).
¿En qué consiste la deducción por manutención?
Las pensiones de los funcionarios y otras prestaciones similares previstas en la legislación sobre la función pública están sujetas al impuesto sobre la renta. Como compensación, existe la denominada «deducción por prestaciones de jubilación», prevista en el artículo 19, apartado 2, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Este importe, junto con un suplemento fijo, está exento de impuestos. La particularidad es que su cuantía depende del año en que se haya iniciado el cobro de la prestación. Cuanto antes se inicie el cobro, mayor será la deducción, ya que la normativa aplica un modelo de reducción progresiva a lo largo de los años.
El caso que dio lugar a la sentencia
Una mujer se divorció en 2001 de su marido, un funcionario. Mediante una resolución del tribunal de familia de 2016, la pensión de jubilación del marido se repartió retroactivamente de forma interna. Esto significa que, a partir de ese momento, la mujer adquirió con carácter retroactivo un derecho propio frente al organismo responsable de la pensión; el pago efectivo no se produjo hasta 2018, incluyendo el pago atrasado correspondiente al periodo a partir de febrero de 2016.
El hombre ya percibía su pensión desde 2007. La cuestión era ahora: ¿qué año se tiene en cuenta para calcular la deducción por pensión de la mujer divorciada? ¿El año 2007, en el que comenzó a percibir la pensión su exmarido? ¿O el año 2016, en el que surgió su propio derecho a la pensión?
El Tribunal Fiscal de Hesse y el Tribunal Federal Fiscal llegaron a conclusiones diferentes
El Tribunal Fiscal de Hesse había fallado a favor de la demandante y había tomado como referencia el año 2007. Argumentó que, debido a la división interna, la mujer seguía los pasos fiscales de su exmarido, de forma similar a lo que ocurre con los herederos tras el fallecimiento del beneficiario de una pensión.
El Tribunal Federal Fiscal (BFH) opinó lo contrario. Anuló la sentencia del Tribunal Fiscal de Hesse y subrayó que, debido al reparto interno, la persona con derecho a la compensación adquiere un derecho totalmente independiente frente al organismo responsable de la pensión. No es la sucesora universal de su exmarido. Por lo tanto, lo que importa es la fecha de inicio de su propia pensión, y no la de su excónyuge.
En este caso concreto, el año 2016 es determinante, ya que la resolución del tribunal de familia surtió efecto con carácter retroactivo a partir del 1 de febrero de 2016. El hecho de que el pago no se realizara hasta 2018 no cambia nada al respecto.
¿Qué significa esto en la práctica?
Quien, en virtud de una compensación por pensión, adquiera derechos a una pensión según la normativa de la función pública, debe saber que la fecha de inicio de su propia pensión es determinante para el importe de las deducciones fiscales. Cuanto más tarde sea esa fecha, menor será la deducción por pensión. Esto puede tener un impacto notable en la carga fiscal durante la jubilación.
Las personas afectadas, especialmente en casos complejos de divorcio en los que existan derechos de pensión en virtud de la legislación sobre funcionarios públicos, deberían hacer que se analice su situación fiscal de forma individualizada. En estos casos, conviene recurrir al asesoramiento fiscal para evaluar correctamente las repercusiones en la obligación tributaria anual.
Fuente: Haufe: Impuestos
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