El ministro federal de Hacienda, Lars Klingbeil, y la ministra federal de Justicia, la Dra. Stefanie Hubig, han presentado conjuntamente un plan de acción destinado a combatir con mucha más determinación la delincuencia fiscal y financiera en Alemania. Aunque todavía no se dispone de proyectos de ley concretos, las medidas previstas son de gran alcance y afectan tanto a las empresas como a los particulares.
Nuevas estructuras de investigación y digitalización
En la Aduana se creará un Centro Conjunto contra la Delincuencia Fiscal y Financiera, en el que colaborarán los inspectores fiscales de los estados federados y los investigadores aduaneros del Gobierno federal. El Centro Conjunto de Lucha contra el Terrorismo sirve de modelo. Paralelamente, está previsto crear un centro de análisis de datos que recopile información financiera en una plataforma central y detecte patrones sospechosos mediante inteligencia artificial.
Especialmente relevante para las empresas: a partir del 1 de enero de 2028, se aplicará la obligación de utilizar cajas registradoras a los establecimientos con una facturación anual superior a 100 000 euros. A ello se suma un sistema electrónico de declaración del IVA, a través del cual las empresas deberán declarar sus ingresos de forma puntual y detallada. Asimismo, se ampliará el plazo de conservación de los comprobantes contables de los diez años actuales a quince años en el futuro.
Penas más severas por evasión fiscal
Se prevé aumentar la pena máxima prevista para los casos especialmente graves de delincuencia fiscal organizada hasta un máximo de 15 años de prisión. Además, los delitos fiscales graves se clasificarán como delitos graves, lo que implica una pena mínima de un año de prisión. Esto tiene consecuencias directas para el proceso penal: en el caso de los delitos graves, no es posible ni dictar una orden de sanción ni proceder a un sobreseimiento simplificado. Dichos casos deberán tramitarse obligatoriamente en un juicio público.
Fin de la autodenuncia eximente de responsabilidad penal
Especialmente drástico resulta el fin previsto de la autodenuncia eximente de responsabilidad penal en su forma actual. Según la legislación vigente, los contribuyentes pueden obtener la exención de la pena, de conformidad con el artículo 371 del Código Tributario, si abonan los impuestos evadidos y pagan un recargo de entre el 10 % y el 20 %. Se pretende suprimir este modelo porque, en opinión de los ministerios, genera incentivos erróneos: quien teme ser descubierto se autodenuncia, mientras que quien se siente seguro guarda silencio. Aún no se ha decidido qué normativa sustituirá a la actual autodenuncia.
Multas más elevadas para las empresas y cooperación internacional
En el futuro, se podrán imponer multas considerablemente más elevadas a las empresas que evadan impuestos. Además, en caso de infracciones graves, está previsto que las sanciones se hagan públicas. A nivel europeo, se pretende reforzar y dotar de mayor financiación a la Fiscalía Europea para poder perseguir con mayor eficacia los delitos fiscales transfronterizos.
¿Qué significa esto para las empresas y los particulares?
Aunque aún no se hayan presentado proyectos de ley, el plan de acción marca una dirección clara: el Estado quiere perseguir la evasión fiscal de forma más rigurosa, aumentar la probabilidad de detección y, al mismo tiempo, limitar considerablemente las posibilidades de resolver estos casos de forma extrajudicial. Quienes hasta ahora hayan recurrido a la autodenuncia eximente como último recurso deberían seguir de cerca la evolución de la situación. En caso de dudas sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales o sobre los riesgos existentes, se recomienda consultar con antelación a un asesor fiscal o a un abogado.
Fuente: Haufe: Impuestos
Este artículo y la imagen que lo acompaña se han elaborado con la ayuda de la inteligencia artificial y han sido revisados por la redacción.