Quien se divorcie y, con ello, venda una vivienda en copropiedad, puede verse envuelto en una desagradable trampa fiscal. El 25 de septiembre de 2026, el Consejo Federal se pronunció a favor de mitigar esta situación mediante medidas legislativas e incluir la modificación correspondiente en la Ley de Impuestos Anual de 2026.
El problema: mudarse implica estar sujeto a impuestos
Quien revenda un terreno urbanizado en un plazo de diez años desde su compra deberá tributar por las ganancias obtenidas como operación de enajenación privada. Solo se aplica una excepción si el inmueble ha sido habitado por el propio propietario tanto en el año de la venta como en los dos años anteriores. Esta norma se recoge en el artículo 23, apartado 1, frase 1, n.º 1, frase 3, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
En caso de separación, lo habitual es que uno de los cónyuges se marche de la vivienda común. Esto hace que, a menudo, ya no sea posible cumplir el plazo de uso propio necesario para la exención fiscal. El mero hecho de que la ley exija un año de separación antes del divorcio hace que, en muchos casos, ya no se cumpla el plazo de tres años.
El Tribunal Federal Fiscal (BFH) ha descrito claramente la situación
El Tribunal Federal de Hacienda, en su sentencia de 14 de noviembre de 2023 (número de expediente IX R 10/22), ha aclarado que, para que se aplique la exención fiscal, lo único que cuenta es el uso propio por parte del cónyuge vendedor. Si el cónyuge que permanece en la vivienda sigue utilizándola, incluso junto con los hijos, el uso que hace la parte que se ha mudado no se considera uso propio con fines residenciales. Por lo tanto, la venta en el marco de un acuerdo de liquidación matrimonial da lugar, en muchos casos, a una operación de enajenación privada sujeta a impuestos.
Lo que el Consejo Federal quiere cambiar
A iniciativa de Baden-Wurtemberg, el Consejo Federal se pronuncia a favor de que, en el futuro, se tenga en cuenta el período de uso conjunto efectivo hasta la separación física. Esto significa que, si ambos cónyuges han habitado conjuntamente la vivienda hasta el momento de la mudanza, ese tiempo se computará a efectos del porcentaje de uso propio del cónyuge vendedor. En ese caso, ya no sería relevante si la separación se produjo hace más de un año.
De este modo, se evitaría que los afectados tuvieran que pagar un impuesto, solo por el hecho de haber transcurrido un año desde la separación y por la situación de vivienda derivada de ello, que no tendrían que pagar en otras circunstancias de enajenación.
¿Y ahora qué?
El Bundestag está debatiendo actualmente la Ley de Impuestos Anual de 2026 en su conjunto. Tras alcanzar un acuerdo en el Parlamento, el Bundesrat deberá dar su aprobación definitiva al paquete completo antes de que las nuevas normas puedan entrar en vigor. Por lo tanto, aún está por ver si la exención sobre los inmuebles en caso de divorcio se aprobará realmente y, en su caso, en qué forma.
¿Qué significa esto para las personas afectadas?
Quienes se encuentren actualmente en un proceso de divorcio y deseen transferir o vender un inmueble en copropiedad deberían seguir de cerca la evolución de la Ley Tributaria Anual de 2026. Hasta la aprobación efectiva de una nueva normativa, se aplica la situación jurídica vigente, según la cual las plusvalías derivadas de la venta pueden estar sujetas a impuestos. Se recomienda encarecidamente solicitar asesoramiento fiscal antes de proceder a una transmisión de bienes inmuebles en el contexto de un divorcio.
Fuente: Haufe: Impuestos
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